13 de mayo de 2025
Militares emboscados y asesinados: la masacre mostró la cara más siniestra de la minería ilegal en Ecuador
Las muertes en Alto Punino exponen cómo la minería ilegal no solo financia a grupos transnacionales como los Comandos de la Frontera, sino también corroe a las instituciones estatales. Expertas advierten que el oro se ha convertido en una vía ideal para el lavado de activos y el control territorial criminal
>La emboscada ocurrida el 9 de mayo en Alto Punino, una remota zona amazónica entre Napo y Orellana, dejó once militares ecuatorianos muertos y puso en evidencia el grado de penetración del crimen organizado en el paÃs.
“No es un problema operativo. Es estructuralâ€, advierte la experta en prevención de crimen organizado y docente universitaria, Michelle Maffei en entrevista con Infobae. “Uno de cada diez miembros de la PolicÃa Nacional trabaja con el crimen organizado. Y ahora, con la militarización extendida por el conflicto interno, es probable que esa estadÃstica se replique en las Fuerzas Armadasâ€, dice Maffei.
Para las organizaciones delictivas transnacionales, el oro representa mucho más que un mineral. Según explicó Maffei, la minerÃa ilegal de oro es hoy uno de los mecanismos más eficientes para el lavado de activos. “Una vez que se funde y se convierte en lingote o joyerÃa, no se puede rastrear su origenâ€, señala. “Los grupos criminales usan facturación falsa o lo venden directamente a compraventas. Es un negocio limpio en apariencia, pero profundamente sucioâ€.
Ambas expertas subrayan que los Comandos de la Frontera no son un grupo improvisado. Se trata de una estructura armada con entrenamiento militar, experiencia en selva, alianzas criminales y fuerte poder económico. “Son un ejército criminal transnacional, que conoce muy bien a Selva, que tiene gran poder económico, gran poder adquisitivo motivo de armas, porque ellos financian el tema armamentista, contratan a otros eh estructuras criminales para poder operar dentro de la AmazonÃaâ€, afirma Herrera.
Para Herrera, lo ocurrido en Alto Punino fue una “crónica de una muerte anunciadaâ€. Desde hace meses, advertencias ciudadanas e informes de inteligencia alertaban sobre la presencia de CDF y sus operaciones vinculadas a la minerÃa ilegal. Sin embargo, las instituciones del Estado no priorizaron la amenaza. “Hemos hablado muchÃsimo del tema de minerÃa ilegal, pero aún asà nos seguimos con centrando en las actividades de violencia urbana que pasa en la Costa Ecuatoriana que en zonas que se genere esta economÃa criminal paralela que es silenciosa. Es ahà debe estar focalizado toda la inteligencia operativa y estratégica que tiene el Estado ecuatorianoâ€, lamenta.El comandante general del Ejército, Henry Delgado, reconoció públicamente que existe la hipótesis de una filtración interna. “El poder económico que tienen los grupos criminales podrÃa haber doblegado el espÃritu de un soldadoâ€, dijo a Ecuavisa .
La zona del Alto Punino se ha convertido en una de las más crÃticas del paÃs. Reportajes de Plan V y Código Vidrio documentan cómo, tras operativos como el de Yutzupino en 2022, decenas de retroexcavadoras y mineros ilegales se desplazaron rÃo abajo, instalándose en campamentos clandestinos donde operan bajo el amparo de mafias armadas. Según el MAAP, entre 2019 y 2023 se deforestaron más de 1.000 hectáreas de selva en esta zona.El resultado: masacres, desplazamientos forzados, amenazas a lÃderes sociales y un Estado desbordado. “Los Comandos tienen poder armamentista y logÃstico... Y, peor aún, ofrecen medios de vida a comunidades enteras. Para muchos en esas zonas, son la única forma de subsistenciaâ€, advierte Herrera.
La respuesta estatal sigue siendo fragmentada. Aunque el gobierno de Daniel Noboa declaró en enero de 2024 el conflicto armado interno y catalogó a 22 grupos como objetivos militares, entre ellos los CDF, la estrategia se ha centrado en intervenciones reactivas y militarización de zonas, sin atender las causas estructurales del problema.Para Herrera, se necesita reactivar con urgencia el Comité contra la MinerÃa Ilegal —hoy inactivo—, impulsar desarrollo alternativo y reconstruir la confianza ciudadana.
La muerte de once soldados en la selva ecuatoriana no es un hecho aislado. Es el desenlace de años de omisiones, corrupción institucional, abandono estatal y crecimiento silencioso de una economÃa criminal que ya no solo trafica drogas, sino también minerales, armas, personas y territorios. En la AmazonÃa, donde la vida deberÃa florecer entre rÃos y árboles, hoy crece en medio de la violencia.
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