17 de diciembre de 2024
En Chaco, más del 66% de los beneficiarios cobraba de manera irregular una pensión por incapacidad laboral
Una nueva auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) reveló datos increíbles: en una localidad, más del 80% percibía por parte del Estado Nacional ese subsidio sin cumplur los requisitos. A una mujer se e otorgó la pensión por la amputación de un brazo, pero el diagnóstico médico era falso
Otros 1.796 (66.79%) resultaron desfavorables al no cumplir con las exigencias necesarias para mantener la pensión no contributiva por invalidez laboral, por lo cual “serán dados de bajaâ€, según le adelantaron a este medio funcionarios de la cartera Salud que está a cargo de Mario Iván Lugones. Por su parte, otros 345 beneficiarios (un 12.83%) no se presentaron a la auditorÃa. Además, 183 casos (un 6.81%) se encuentran actualmente en “fiscalización médicaâ€.
Los resultados de las auditorÃas, pero sobre todas las chaqueñas, a la que aludió el vocero presidencial Manuel Adorni resultan impactantes. El trabajo al que accedió este medio revela que, por ejemplo:- De manera paralela al “escándalo chaqueñoâ€, una investigación judicial y una auditorÃa del Gobierno puso en relieve las arbitrariedades y los abusos que existieron durante más de una década y media en la entrega de pensiones no contributivas por discapacidad laboral y que han puesto en riesgo el normal funcionamiento de una de las áreas más sensibles destinada a proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad, como niños con SÃndrome de Down, Autismo, Trastornos del Espectro Autista como, SÃndrome de Asperger, retraso mental y retraso madurativo, entre muchÃsimas otras. Las investigaciones revelan un aceitado esquema de corrupción que involucra a médicos, gestores y funcionarios; y la displicencia con la que se otorgaban estos beneficios a quienes no lo necesitaban en desmedro de personas que durante años han intentado obtener la subvención, que representa el 70% de una jubilación mÃnima y fueron rechazados.
En el marco de un proceso de auditorÃas iniciado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a mediados de este año, a raÃz de las irregularidades encontradas al inicio de la gestión en los procesos de entrega de pensiones no contributivas por invalidez laboral, se han desarrollado diversos operativos que continuarán en todo el paÃs con el fin de brindar transparencia en los procesos y que los beneficios lleguen a quienes realmente lo necesitan.
En este contexto, a las auditorÃas realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, y a los cruces de datos con otros organismos, se sumaron en los últimos dÃas una serie nuevos operativos en la provincia del Chaco, alcanzando las localidades de Taco Pozo, Sáenz Peña, Las Breñas, General San MartÃn, Presidente de la Plaza y Castelli.Las investigaciones revelan un aceitado esquema de corrupción que involucra a médicos, gestores y funcionarios; y la displicencia con la que se otorgaban estos beneficios a quienes no lo necesitaban en desmedro de personas que durante años han intentado obtener la subvención.
Un informe de la ANDIS al que accedió Infobae afirma que durante la gestión de Alberto Fernández “El desvÃo de fondos fue de un 40% sobre el monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidadâ€. El dolo por estas maniobras fueron estimadas en uno “3.400 millones de dólares anualesâ€; y explican que la red corrupta solo podrÃa haber funcionado porque: “No habÃa controles médicos en la ANDIS. Se aprobaban los expedientes sin una auditorÃa médicaâ€.“En Chaco hay más personas con invalidez que en Ucraniaâ€, le dijo a Infobae el fiscal federal de esa provincia, Carlos Amad quien investiga dos causas que involucran a más de 24.000 pensiones otorgadas en los últimos cuatro años en 37 localidades chaqueños. En la AlcaldÃa de Taco Pozo, por ejemplo, el 10% tiene una pensión no contributiva por invalidez laboral. La causa ya tiene nueve imputados, entre ellos el intendente Carlos Antonio Ibáñez, médicos, directores del Hospital Rural Santa Rosa de Lima y “gestoresâ€, vinculados a la organización, que cobraban hasta $30.000 para iniciar los certificados con datos falsos y dar origen al expediente que, en su etapa final, eran aprobado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). “En Taco Pozo el 97 por ciento de esas pensiones son truchasâ€, informó el fiscal al ser consultado.Desde la Casa Rosada le dijeron a este medio que: “Durante las gestiones anteriores, las pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio para favores polÃticos, otorgándolas a personas que no cumplÃan con los requisitos de invalidez laboral o discapacidadâ€.
Por su parte desde la ANDIS describieron que: “Todo esto, además de ser otro curro más de la casta, vulnera gravemente los derechos de las personas con discapacidad y es injusto con los ciudadanos de bien que pagan sus impuestos pensando que éstos van destinados a la ayuda de quienes lo necesitan y en realidad son usados para el negociado polÃtico y el beneficio de unos pocos, rompiendo la igualdad ante la leyâ€.
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