Diputados nacionales del radicalismo, encabezados por el mendocino Luis Borsani, presentaron este miércoles un proyecto para que los jueces y empleados del

Poder Judicial

, del Ministerio Público de la Nación y de las provincias, paguen el impuesto a las Ganancias sin excepción.

La iniciativa, que ingresó por mesa de entradas de la

Cámara baja

a las 13.55 horas, busca sustituir un inciso de la ley 20.628 de impuesto a las ganancias "con el fin de incluir a los magistrados, funcionarios y empleados del poder judicial y del Ministerio Público (Fiscal y de la Defensa) de la Nación y de las provincias de tributar impuesto a las Ganancias, sin excepción".

Según el texto, constituyen ganancias de cuarta categoría las provenientes "del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivos y Legislativos y los Magistrados, funcionarios y empleados del

Poder Judicial

y de los Ministerios Públicos".

El proyecto lleva las firmas de los radicales Borsani,

Mario Negri

, Facundo Suárez Lastra, Claudia Najul, Hugo Marcucci, Gustavo Menna, Brenda Austin, María Soledad Carrizo, Olga Rista, Luis Petri, Miguel Bazze, Gonzalo del Cerro, y Carlos Fernández.

En 1996 la Corte Suprema de Justicia dictó una acordada en la que declaró el carácter de inaplicable del Artículo 1 de la Ley 24.631, en cuanto derogaba las exenciones tributarias, en relación al impuesto a las Ganancias, para los magistrados y funcionarios del

Poder Judicial

de la Nación. 

Sin embargo, en 2016 el Congreso aprobó una ley que dispuso que aquellos cuyo nombramiento estuviese vigente a partir del 1 de enero de 2017 en adelante, se encuentran obligados a tributar el mencionado impuesto, pero no así los designados antes de esa fecha.

De acuerdo a la iniciativa, esa situación "acarrea una doble violación al principio constitucional fundamental como lo es el de igualdad ante la ley, más específicamente el de igualdad como base de los impuestos y las cargas públicas, y el de igual remuneración por igual tarea".

"En una sociedad democrática es inimaginable sostener cuanto menos, que una persona que ocupa el mismo cargo, con iguales funciones, carga horaria y tareas que otra, cobre más por el simple hecho de haber sido designada con anterioridad o posterioridad a una fecha determinada", destacó el proyecto impulsado por los diputados radicales.

"Nos encontramos en la actualidad con una notoria disparidad en cuanto a la carga fiscal de los ciudadanos, reflejada en que parte de los funcionarios, magistrados y empleados señalados no tributan impuesto a las ganancias sobre las rentas obtenidas por el trabajo personal, como sí lo hacen los demás trabajadores contenidos en la cuarta categoría de la ley en análisis", destacó el proyecto en los fundamentos.

El proyecto de los diputados de la

UCR

aclaró que "decimos parte, porque en virtud de la Ley 27.346 sancionada en el mes de diciembre de 2016, aquellos cuyo nombramiento estuviese vigente a partir del 1 de enero de 2017 en adelante, se encuentran obligados a tributar el mencionado impuesto".

Finalmente, el proyecto aseguró que "en los tiempos actuales, en el cual el país necesita de la colaboración de todos sus habitantes, especialmente de los miembros de los poderes del Estado, admitir esta excepción resulta abalar no sólo una discriminación arbitraria respecto de los demás ciudadanos sino convalidar privilegios de un pequeño sector de la sociedad que lejos está de lograr la tan preciada equidad social y justicia".