Por María Helena Ripetta
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Una mujer se presentó en la fiscalía de

Pilar

para denunciar que desde la cárcel un

preso

la amenazaba para que no declare en el juicio contra él. La mujer aportó las pruebas y la Justicia allanó el pabellón 3 módulo A de la Unidad 32 de Florencio Varela.

En el calzoncillo del acusado Andrés Mario Héctor Maximiliano Herrera encontraron el teléfono celular correspondiente al número desde el que la mujer había recibido las amenazas. El fiscal de

Pilar

Andrés Quintana va a indagarlo por coacción, y esta es la tercera causa que suma. Herrera había obtenido el beneficio de la prisión domiciliaria. Frente a la casa donde cumplía el arresto, un grupo de jóvenes comenzó a pelearse en la puerta y, según la denuncia, él salió del domicilio a los tiros, en enero de este año.

Le revocaron la domiciliaria y se le sumó una nueva causa. La mujer que lo denunció es quien recibió las amenazas para intimidarla y que no declarase. Hace unos días, la denunciante recibió un llamado de un número de teléfono que no tenía agendado. “Hola soy Maxi, ¿no me reconocés?”, le dijeron del otro lado de la línea; ese hombre le dijo que le habían dicho que iba a ir a juicio y no quería que ella declarara en su contra. Si bien no le hablaba en malos términos, le decía que tenía que levantar la denuncia para que no lo condenen.

Las llamadas siguieron y hasta le escribió por el sistema de chat. Pero la mujer buscó protección en la Justicia y aportó todo lo que tenía, el número de teléfono que agendó como “noceeee”, en el que en la foto del WhatsApp está la persona que ella había denunciado y sabía que estaba detenido. Al allanar el pabellón, además de secuestrarle el teléfono, los investigadores tomaron una foto del lugar donde el interno tiene sus cosas que coincide con la foto que está en su estado de WhatsApp.

También deberá explicar de dónde obtuvo el teléfono ya que los internos no están autorizados a tener telefonía móvil. Sus antecedentes consignan que el 21 de octubre de 2016 se le concedió la prisión domiciliaria en una casa de

Pilar

con tobillera. Había sido condenado por el Tribunal Oral 3 de San Isidro a la pena de 4 años de prisión y multa por el delito de tenencia de drogas con fines de comercialización. El día 1º de enero de 2018, con un arma de fuego y en la vereda, amenazó de muerte a un grupo de jóvenes, por lo que se le abrió una causa por amenazas agravadas y tenencia ilegal de arma.