La Cámara Federal porteña concedió la excarcelación al ex vicepresidente Amado Boudou y a su socio en la causa en la que ambos fueron detenidos por supuesto lavado de activos. Sin embargo, el

ex funcionario

La decisión fue de la sala de feria del Tribunal de Apelaciones, que declaró nulo un fallo del juez federal Ariel Lijo, lo que derivó en la liberación de Nuñez Carmona.

Boudou, por su parte, deberá esperar a que la Cámara revise otro procesamiento con prisión preventiva dictado en su contra por facturaciones falsas de gastos en viajes al exterior cuando fue ministro de Economía, para lo cual se convocó a una audiencia este viernes y se resolvería a más tardar el lunes próximo.

Boudou fue detenido el 3 de noviembre pasado por supuestas maniobras de lavado de activos en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que se sigue en su contra.

La decisión de excarcelarlo a él y a su socio fue tomada por el camarista Eduardo Farah con la adhesión del camarista del fuero en lo criminal Rodolfo Pociello, llamado para desempatar ante el desacuerdo con el otro juez de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia.

Este último votó en minoría por rechazar las excarcelaciones pedidas. Para fundamentar la decisión de liberar a Boudou, Farah sostuvo que pasaron “más de dos meses” desde la detención y el juez “no ha definido las situaciones procesales de los detenidos”, por lo cual, “o bien no contaba con los elementos que le permitieran cristalizar el vínculo de los imputados con los hechos que les había reprochado, o la urgencia entonces alegada no era tal”.

Además, remarcó que la causa por enriquecimiento ilícito que se investiga desde hace varios años tuvo una “intempestiva variación” que derivó en las detenciones pero que con anterioridad a eso “la actividad procesal hasta entonces desplegada -y que transcurrió, debo decir, a un ritmo carente de dinamismo- , tampoco se vio acompañada de una correlativa actividad jurisdiccional que la respaldara”.

Al sumarse a la postura de Farah, Pociello remarcó que Boudou “se encuentra detenido sin que se dispusiera su prisión preventiva” en casi dos meses, en el marco de una investigación que ya lleva cinco años.

"Si bien no desconozco los compromisos asumidos por el Estado en convenciones internacionales de lucha contra la corrupción ratificadas por nuestro país por medio de las leyes 24.759 y 26.096, dicho compromiso debe cumplirse dentro de los límites impuestos por la ley y sin lesionar el derecho a la legítima defensa”, advirtió Pociello.

Y aseguró que “el compromiso se mantiene incólume pues la investigación continuará y deberá imprimírsele mayor celeridad”.