Un posible escándalo pone bajo la mira de la Justicia al ministro de Energía, Juan José Aranguren, según las revelaciones de los

Paradise Papers

sobre una sociedad offshore radicada en Barbados que se be­nefició con más de 150 millones de dólares por la venta de gasoil al Estado argentino, en los últimos dos años. El detalle es que Aranguren fue director de esa sociedad fantasma subsidiaria de la petrolera Shell, de la que dejó de ser accionista hace poco más de un año.

La data fue revelada por el Consorcio Internacional de Periodis­tas de Investigación, que localizó a esa empresa en Barbados, un famoso paraíso fiscal. Según detalló la periodista Mariel Fitz Patrick, del Consorcio Internacional, en el gobierno de Mau­ricio Macri esa sociedad "ganó trece contrataciones para proveer al Estado" de gasoil. Por sólo siete de esas contrataciones, según Fitz Patrick, la petrolera obtuvo una ganancia de 150 millones de dólares.

Aranguren salió a restarle importancia al caso, remarcando que en representación de la em­presa fue director de Shell Western Supply and Trading Limited con sede en Barbados, cargo que dejó hace más de 12 años. No obstante, su situación no es cómoda porque ya fue denunciado penalmente por el incremento de la tarifa de gas aplicada en su gestión, que benefició a Shell, de la que fue director hasta poco antes de asumir como ministro.

Aranguren debió reconocer la incompatibilidad de intereses para negociar desde el Estado el precio del gasoil, por lo que explicó que, para salvar la situación, la compra de ese combustible a la subsidiaria de Barbados quedó a cargo del ministro de Producción, Francis­co Cabrera, como ocurre con todas las licitaciones en las que Shell participa como oferente.

En mayo del año pasado, Aranguren fue denunciado penalmente por beneficiarse presuntamente con el tarifazo de gas en su condición de accionista de Shell, una de las favorecidas por el incremento de precios durante 2016. Esa denuncia fue presentada ante el Juzgado Fe­deral N° 9 por los diputados kirchneristas Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, sosteniendo que el ministro "se vio directamente beneficiado con el aumento de gas al cumplir un doble rol como funcionario público y accionista de Shell SA".

En un comunicado, Aranguren señaló que "ser director en estas fir­mas, como la operatoria de las mismas, no constituye per se un delito ni viola la ley". En otro pá­rrafo, indicó que "no he tenido intervención alguna en compras de gasoil importado realizadas por Cammesa".