>La Policía de Bolivia mantiene este martes cerrados y bajo fuerte custodia todos los ingresos hacia la plaza Murillo, el centro del poder político donde están las sedes del Gobierno y el Legislativo, para impedir el paso de las protestas callejeras de los seguidores del ex presidente Evo Morales (2006-2019) en La Paz.

Cerca del mediodía, grupos de manifestantes que llegaron en la víspera a La Paz se aproximaron hasta las barreras policiales situadas en el norte y noroeste de la plaza con intenciones de ingresar, pero los agentes les cerraron el paso.

La dirigente campesina Juanita Ancieta, que es afín al ex presidente Morales, denunció a los medios que hay al menos 40 personas que fueron detenidas.

En la marcha participaron campesinos, cocaleros, indígenas y otros sectores leales a Morales, que está distanciado del Gobierno de Arce.

El lunes, los manifestantes intentaron entrar hasta la plaza Murillo para entregar en la casa de Gobierno un documento con sus demandas, y terminaron lanzando petardos y piedras a los agentes, que les respondieron lanzando gases lacrimógenos para dispersarlos.

Del Castillo consideró que “no es casual” el arribo de la movilización a La Paz un día antes de la audiencia cautelar a la que estaba citado Evo Morales en la región sureña de Tarija, dentro de una investigación en la que se le acusa de trata agravada de personas, por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo.

A diferencia de otra marcha realizada en septiembre por estos mismos sectores, en esta ocasión no participó el ex presidente, quien permanece desde octubre en el Trópico de Cochabamba, su bastión sindical y político en el centro del país, resguardado por centenares de cocaleros, para evitar ser detenido.

La audiencia fue reprogramada para este viernes y el también ex líder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) tiene 48 horas para demostrar que está enfermo.

La defensa del político ha señalado varias veces que el proceso está “viciado de irregularidades” y considera que es parte de una persecución en su contra para inhabilitar su anunciada candidatura presidencial para las elecciones generales previstas para agosto.

Estas investigaciones contra el expresidente se dan en medio de su pugna con el presidente Arce por el control del MAS y la definición de la candidatura oficialista para los comicios generales de este año.

(Con información de EFE)