>Los conductores de trenes agrupados en el sindicato La Fraternidad hacen circular a las formaciones a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora desde este lunes. Aducen el “mal estado de las vías y del material rodante” que están vinculadas con la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional a mediados del mes de junio de este año. En la secretaría de Transporte creen que esta es “la excusa perfecta” para una protesta, ya que el gremio es el único del sector que no firmó el último incremento paritario del 3,5% para los dos últimos meses de 2024.

Desde el Gobierno aseguran que “esta vez no anunciaron un paro porque saben que no les sirve. Hacen esto de reducir la velocidad que es lo que más jode a la gente y le buscaron el gancho de la emergencia ferroviaria”. Ponen como ejemplo que el viernes 29 cerraron el acuerdo con el resto de los sindicatos involucrados. “Este gobierno no va ceder ante las extorsiones sindicalistas que para no perder sus intereses ponen en el medio de los reclamos a la gente”, dijeron fuentes de la secretaría que conduce el cordobés Franco Mogetta.

El choque que se produjo el 10 de mayo en Palermo entre un tren de pasajeros que había salido de la estación Palermo y una formación que estaba detenida, provocó más de 90 heridos y que se disparase una señal de alerta sobre la situación ferroviaria. Por eso a mediados del mes siguiente el Gobierno decretó la Emergencia Ferroviaria. El 20 de noviembre la secretaría de Transporte anunció la puesta en marcha de 226 obras de las cuales 109 serán en vías y puentes, 56 de señalamiento, 28 eléctricas y 33 civiles. Tendrá un presupuesto complementario de 1.3 billones de pesos.

En la Casa Rosada, más allá de estos movimientos que apuntan a mejorar el servicio, piensan que por el déficit operacional que arrastran los ferrocarriles volverán a ser privatizados como en la década del 90. El 23 de octubre se anunció la privatización del Ferrocarril Belgrano Cargas. El titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, indicó en esa oportunidad que la medida se tomó producto de la Ley Bases sancionada a mitad de año en el Congreso de la Nación.

“En manos estatales, Belgrano Cargas es obscenamente deficitaria y posee una planta sobredimensionada de 4.429 personas, además de una estructura jerárquica elevada no acorde a sus funciones. Solo el año pasado, el Estado Nacional, es decir, todos los pagadores de impuestos de la Argentina, debieron aportar 112 millones de dólares para su subsistencia”, indicó Presidencia más tarde en un comunicado.