El Congreso ha aprobado este jueves de manera definitiva la ley de amnistía a los encausados por el proceso independentista de Cataluña, siendo Carles Puigdemont su principal beneficiario. La norma sale de las Cortes hacia el BOE con la duda sobre su aplicación por parte de la Justicia ante la previsión de que sea recurrida en el Tribunal Constitucional (TC) y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Los portavoces de Junts y ERC, los dos partidos independentistas catalanes en la Cámara Baja que supeditaron su apoyo a Pedro Sánchez al impulso de esta polémica medida, han celebrado la aprobación de la ley. “Hoy no se perdona, hoy se gana”, ha señalado la diputada posconvergente Míriam Nogueras. “Es un día histórico, estamos ante la primera derrota del régimen del 78″, ha resumido el dirigente republicano Gabriel Rufián.

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Al inicio de su intervención, el portavoz de ERC ha dado las gracias a todas las personas involucradas en el procés, desde Carles Puigdemont y Oriol Junqueras al Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, pasando por los alcaldes y concejales “perseguidos por permitir a su pueblo votar” y los cientos de personas que defendieron las urnas “con su cuerpo y con su alma”.

Ante la atenta mirada de los máximos representantes de sus formaciones, pendientes desde la tribuna de invitados, tanto Nogueras como Rufián han prometido que la norma es un “punto y aparte”. “Mientras no alcancemos la plena libertad seguiremos luchando”, ha prometido la portavoz de Junts. De esta manera, los independentistas han fijado la siguiente parada, “el referéndum”. “Y quién ría o lo menosprecie que recuerde lo que decíamos hace un año sobre la amnistía”, ha remachado Rufián para reivindicar la fuerza de su formación en la Cámara Baja, que ya movió al PSOE para avalar los indultos a los líderes del procés y la derogación del delito de sedición y la reforma del delito de malversación.

La ley para “la normalización institucional, política y social en Cataluña” fue presentada por el PSOE en solitario y constituye la razón de ser de la actual legislatura. Tras siete meses de tramitación, Pedro Sánchez cumple así lo comprometido con Junts y ERC para su investidura. Desde el Gobierno dan la norma por amortizada tras los resultados de las elecciones en Cataluña del pasado 12 de mayo, en las que el líder del PSC, Salvador Illa, se alzó con la victoria y los partidos independentistas no sumaron mayoría absoluta por primera vez desde el inicio del procés en 2012. Consideran que los efectos balsámicos de la norma para la normalización en Cataluña ya han surtido efecto antes de su aprobación.

Si bien, en Moncloa muestran su temor ante la posibilidad de que algún magistrado “ejerza una interpretación legal interesada”, según apostillan fuentes del ala socialista del Ejecutivo, que alertan sobre la existencia de una guía para recurrir la ley de amnistía, elaborada por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, y que recibieron los jueces a través del correo del Consejo General del Poder Judicial (con el mandato caducado desde hace más de cinco años).

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El Congreso ha levantado este jueves el veto impuesto por el Senado gracias a la mayoría absoluta del PP. Los 177 votos del PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y el exministro socialista José Luis Ábalos (pasó al Grupo mixto) se han vuelto a unir frente al rechazo del PP, Vox, UPN y Coalición Canaria.

El portavoz del PSOE en el debate sobre la ley de amnistía en el pleno del Congreso, Artemi Rallo, ha subrayado que solo dos grupos parlamentarios se han apuesto a ella: “El PP y el neofascismo, que embiste montaraz y cerril”. Previamente, Rallo había llamado “neofascistas y filonazis” a los parlamentarios de Vox al recordar la reunión de su líder, Santiago Abascal, con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, este martes en Jerusalén para validar “el asesinato de 35.000 personas”.

La norma ha sido el principal caballo de batalla de la derecha para hacer oposición al Gobierno de coalición, provocando tensión tanto dentro del Congreso como fuera de él. En el día de su aprobación definitiva, varios parlamentarios de Vox han sido amonestados por la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, después de insultar y gritar desde sus escaños. Asimismo, cuando el presidente del Gobierno ha dado el sí a la ley (la votación ha sido nominal), varios diputados de la extrema derecha han tratado de interferir en la votación al grito de “traidor”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a tomar la palabra en el debate de la amnistía. El dirigente gallego ha lamentado que Sánchez haya accedido a conceder la medida de gracia “por siete votos”, en alusión al apoyo de los diputados de Junts a su investidura. Asimismo, ha invitado a los diputados del PSOE a votar en contra de la norma.

“La historia será mucho más generosa con el señor Lambán que con todos ustedes”, ha remachado en referencia al voto en contra a la ley en el Senado por parte del expresidente de Aragón, el socialista Javier Lambán. A su entender, “hoy hemos asistido al acta de defunción del Partido Socialista Obrero Español. Hoy les decimos desde la Constitución Española, quédense ustedes con la ambición de un solo hombre, a nosotros no nos han elegido para mentir”, ha finalizado Feijóo.

De esta manera, la Cámara Baja ha aprobado la primera amnistía desde que entró en vigor la Constitución de 1978. No obstante, la medida de gracia ha sido utilizada en numerosas ocasiones en nuestra tradición jurídica. “No es una vía novedosa, cuenta con numerosos precedentes en España. El más importante, pero no el único, es la Ley de Amnistía de 1977″, recuerda el texto legislativo impulsado por el PSOE en solitario.

La ley orgánica “amnistía los actos que hayan sido declarados o estuvieran tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa o contable, vinculados a la consulta celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y al referéndum del 1 de octubre de 2017 (declarados ambos inconstitucionales en las sentencias del Tribunal Constitucional 31/2015, de 25 de febrero, y 114/2017, de 17 de octubre), que se hubiesen realizado entre el 1 de noviembre de 2011, cuando comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista, y el 13 de noviembre de 2023″.

Entre las 372 personas que podrán ser amnistiadas (entre ellos, 90 policías), según cifra el Gobierno, Carles Puigdemont será previsiblemente uno de los principales beneficiados de la norma. La ley deja fuera una serie de actos específicos, como torturas o de tratos inhumanos o degradantes, con arreglo al artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

También, excluye aplicar la amnistía a los actos tipificados como delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional del Título XXIII del Libro II del Código Penal, “siempre que se haya producido tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España en los términos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas o en la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de Naciones Unidas de 24 de octubre de 1970″.