30 de mayo de 2020
Rechazan la excarcelación y la domiciliaria para uno de los detenidos del doble crimen de Congreso
Así lo resolvió la Cámara Nacional en lo Criminal para Juan Jesús Fernández (43), uno de los procesados por el crimen del diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón.
La Cámara Nacional en lo Criminal rechazó la excarcelación y la prisión domiciliaria por temor al coronavirus que había solicitado uno de los dos procesados por el doble homicidio del diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón ocurrido hace algo más de un año en la plaza del Congreso, informaron fuentes judiciales.
La Sala VII del tribunal de alzada le negó ambos beneficios al imputado Juan Jesús Fernández (43), cuya defensa los había pedido alegando razones de salud y los riesgos que enfrentaba su cliente en su lugar de detención.
Los camaristas Mauro Divito y Juan Cicciaro evaluaron informes médicos según los cuales Fernández tiene buen estado de salud y no integra ningún “grupo de riesgo” ante la pandemia de Covid-19.
“En atención a las particularidades del caso, la magnitud de la pena en expectativa y la modalidad de ejecución de la eventual sanción que pudiere recaer en el caso que Fernández sea condenado, se considera que existe un riesgo de fuga de entidad suficiente para mantener su encierro cautelar”, señala la resolución en relación al rechazo de la excarcelación.
En su último intento, la defensa había sustentado el pedido de liberación porque, por padecer “estrés, hipertensión arterial, obesidad, diabetes y dislipidemia”, Fernández “se trata de un paciente vulnerable a Covid-19”.
Pero Divito y Cicciaro ponderaron las conclusiones de un equipo que examinó al detenido y “lo encontró lúcido y vigil, deambulando por sus medios sin necesidad de asistencia de terceros, hemodinámicamente estable, sin signos ni síntomas de disfunción ventricular y recibiendo la medicación correspondiente”.
Los camaristas recordaron que Fernández y su primo Juan José Navarro Cádiz (26) fueron procesados con prisión preventiva por el homicidio doblemente agravado por alevosía y por placer del diputado radical Olivares (61) y su asesor Yadón (58), cometido el 9 de mayo del año pasado.
Ese día Olivares y Yadón realizaban su habitual caminata matutina por la plaza del Congreso cuando desde el interior de un Volskwagen Vento, propiedad de Fernández, les efectuaron cinco disparos en menos de cinco segundos.
Yadón, quien recibió los impactos de bala en el cuello, una axila y la pelvis, murió en el acto, mientras que Olivares, herido en el abdomen, falleció tres días después.
El arma homicida, una pistola Bersa Thunder calibre .40, fue retirada un día después del crimen del interior del Volskwagen que estaba en un estacionamiento, por un grupo de familiares de los imputados que también están procesados en la causa.
El doble homicidio “debió responder al placer de desahogar el instinto de matar sin motivo o para probar el arma” y “es difícil encontrar calificativos para tamaño desprecio a la vida humana”, afirmó en su momento el juez Mariano Iturralde, quien instruyó el sumario próximo a ser elevado a juicio.
Según el expediente, los primos procesados, ambos de la comunidad gitana, fueron los autores del ataque no sólo porque todo el derrotero, desde que llegaron a la plaza hasta que escaparon, quedó grabado en videos de 80 cámaras de seguridad, sino también porque en sus indagatorias, reconocieron haber estado en el auto con la pistola calibre .40 con mira láser, aunque se echaron la culpa uno a otro respecto a quién fue el ejecutor de los disparos.
La Sala VII del tribunal de alzada le negó ambos beneficios al imputado Juan Jesús Fernández (43), cuya defensa los había pedido alegando razones de salud y los riesgos que enfrentaba su cliente en su lugar de detención.
Los camaristas Mauro Divito y Juan Cicciaro evaluaron informes médicos según los cuales Fernández tiene buen estado de salud y no integra ningún “grupo de riesgo” ante la pandemia de Covid-19.
“En atención a las particularidades del caso, la magnitud de la pena en expectativa y la modalidad de ejecución de la eventual sanción que pudiere recaer en el caso que Fernández sea condenado, se considera que existe un riesgo de fuga de entidad suficiente para mantener su encierro cautelar”, señala la resolución en relación al rechazo de la excarcelación.
En su último intento, la defensa había sustentado el pedido de liberación porque, por padecer “estrés, hipertensión arterial, obesidad, diabetes y dislipidemia”, Fernández “se trata de un paciente vulnerable a Covid-19”.
Pero Divito y Cicciaro ponderaron las conclusiones de un equipo que examinó al detenido y “lo encontró lúcido y vigil, deambulando por sus medios sin necesidad de asistencia de terceros, hemodinámicamente estable, sin signos ni síntomas de disfunción ventricular y recibiendo la medicación correspondiente”.
Los camaristas recordaron que Fernández y su primo Juan José Navarro Cádiz (26) fueron procesados con prisión preventiva por el homicidio doblemente agravado por alevosía y por placer del diputado radical Olivares (61) y su asesor Yadón (58), cometido el 9 de mayo del año pasado.
Ese día Olivares y Yadón realizaban su habitual caminata matutina por la plaza del Congreso cuando desde el interior de un Volskwagen Vento, propiedad de Fernández, les efectuaron cinco disparos en menos de cinco segundos.
Yadón, quien recibió los impactos de bala en el cuello, una axila y la pelvis, murió en el acto, mientras que Olivares, herido en el abdomen, falleció tres días después.
El arma homicida, una pistola Bersa Thunder calibre .40, fue retirada un día después del crimen del interior del Volskwagen que estaba en un estacionamiento, por un grupo de familiares de los imputados que también están procesados en la causa.
El doble homicidio “debió responder al placer de desahogar el instinto de matar sin motivo o para probar el arma” y “es difícil encontrar calificativos para tamaño desprecio a la vida humana”, afirmó en su momento el juez Mariano Iturralde, quien instruyó el sumario próximo a ser elevado a juicio.
Según el expediente, los primos procesados, ambos de la comunidad gitana, fueron los autores del ataque no sólo porque todo el derrotero, desde que llegaron a la plaza hasta que escaparon, quedó grabado en videos de 80 cámaras de seguridad, sino también porque en sus indagatorias, reconocieron haber estado en el auto con la pistola calibre .40 con mira láser, aunque se echaron la culpa uno a otro respecto a quién fue el ejecutor de los disparos.
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